En un inicio, defender Aragón significó proteger fronteras físicas, plazas fuertes y determinadas instituciones. Con el tiempo, esa idea se amplió para abarcar también los derechos, las libertades, las lenguas, la cultura y la historia de quienes nacieron en esta tierra o migraron aquí.
Sin embargo, en la actualidad, la continua irrupción de nuevas tecnologías globales, en pro del desarrollo de nuestra sociedad, ha introducido de manera colateral riesgos y desafíos que ponen en un apuro la vida colectiva de la ciudadanía aragonesa, ligada ya indivisiblemente al ciberespacio.
Hoy, proteger Aragón significa enfrentarse a amenazas incuantificables e impredecibles, muy distintas del dragón mitológico que aterrorizaba la ciudad de Silca.
Hablamos de amenazas como un ataque de ransomware, que puede bloquear en minutos la actividad de un centro de salud o de un banco; una intrusión, que puede comprometer durante semanas la operativa de una empresa sin que nadie lo note; un sabotaje a la cadena de suministro de nuestras principales industrias; o una campaña de desinformación, que puede dañar la confianza en nuestras instituciones y echar por tierra meses o años de consenso y planificación.
No basta con incorporar tecnología. Hace falta criterio para desplegarla, mantenerla y auditarla; capacidad para reducir la exposición ante posibles ataques; y una respuesta profesionalizada cuando los incidentes ocurren. Y, ciertamente, Aragón lleva años construyendo una base sólida en ese sentido, desde la conectividad en zonas rurales hasta ecosistemas empresariales y universitarios vinculados al dato, la nube y la seguridad.
Vale la pena detenerse a examinar nuestra dependencia del software y de las infraestructuras digitales que utilizan empresas, administraciones y universidades, especialmente aquellas diseñadas, mantenidas y gobernadas por proveedores externos situados fuera de Europa, cuya mala praxis puede llegar a condicionar escenarios peores que cualquier escaramuza dracónica.
Hablamos de escenarios muy graves como limitaciones para auditar o un menor margen de maniobra, subidas de precio abusivas a medio y largo plazo o de preguntas incómodas sobre quién controla, en última instancia, los recursos críticos para el funcionamiento cotidiano del territorio.
En cuanto a la divulgación, el objetivo no es simplemente contar lo que ocurre, sino contribuir a una cultura tecnológica más madura, más crítica y mejor conectada con la realidad aragonesa. Informar sobre ciberseguridad, privacidad o defensa no debe ser una moda especulativa, sino ayudar a los aragoneses a interpretar un presente que ya condiciona gran parte de su vida pública y en el que el software libre y el hacking ético tienen aún mucho que aportar.
Nos queda seguir preguntándonos qué se está protegiendo bien, qué sigue expuesto y qué capacidad real existe para responder cuando algo falla, tanto a nivel técnico como humano. El problema es que responder a eso exige menos mitos y más trabajo sostenido, decisiones técnicas, política pública, inversión en formación y una mayor implicación de administraciones, empresas y ciudadanía.
