El número de funcionarios adscritos a la Unidad de Policía Adscrita de Aragón (Policía Nacional) incrementará hasta los 150 agentes tras aprobarse este miércoles un convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Gobierno de Aragón. La plantilla, actualmente formada por 99 agentes, sumará 51 policías nacionales en los próximos años con el objetivo de reforzar las funciones de seguridad y protección que desempeña esta unidad.
Durante el primer año se incorporarán 20 nuevos efectivos, alcanzando los 119 agentes. En los años sucesivos se sumarán seis más por ejercicio, además de reponer las bajas por jubilación, hasta completar los 150 previstos.
El Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública asumirá la totalidad de los gastos de inversión, mantenimiento de las instalaciones y dotación de medios técnicos necesarios. El Ejecutivo autonómico considera que esta ampliación es imprescindible para resolver el déficit de personal que la Unidad Adscrita arrastraba desde hace años y para garantizar un servicio eficaz en materia de seguridad ciudadana.
El convenio tendrá una duración de cuatro años, prorrogables por otros cuatro y se enmarca en el artículo 76 del Estatuto de Autonomía, que prevé la creación de una Policía Autonómica o, en su defecto, la adscripción de unidades del Cuerpo Nacional de Policía, modelo que ahora se amplía tras su aprobación.
El acuerdo está pendiente únicamente de la firma final con Interior y permitirá iniciar de inmediato la incorporación del primer bloque de nuevos agentes.
Sobre la Unidad de la Policía Nacional de Aragón
La Unidad Adscrita de la Policía Nacional desarrolla en Aragón funciones esenciales de apoyo a la seguridad pública. Entre ellas destacan la vigilancia de edificios e instalaciones del Gobierno autonómico, la protección de personalidades, el control del juego y los espectáculos públicos, la supervisión de actividades de ocio y la coordinación con los servicios de seguridad privada.
También asume la inspección de festejos populares y la protección de menores en situación de desamparo, tareas consideradas prioritarias dentro de sus competencias.
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