El miércoles 14 de enero de 2026, LaLiga y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETELECO), a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), anunciaron públicamente la formalización de un memorándum de entendimiento confidencial para «reforzar la ciberseguridad, promover la confianza digital y fomentar un entorno online seguro y respetuoso». No obstante, dicho acuerdo se ha organizado en un momento especialmente tenso debido al caso de #LaLigaGate #CryptograFREE.
El memorándum, en un principio, se suscribió para «alinear esfuerzos entre el sector público y el deporte profesional» con el objetivo de unir esfuerzos contra retos como «la prevención de ciberriesgos, la protección de la privacidad, la concienciación en ciberseguridad y la lucha contra el discurso de odio en el entorno digital».
✍️@INCIBE y @LaLigaCorp firman un acuerdo para colaborar en prevención y concienciación en ciberseguridad dirigido a los clubes, la afición y a la ciudadanía, con especial foco en colectivos vulnerables y menores.
— SE Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (@SEtelecoGob) January 14, 2026
También en el deporte impulsamos la cultura de la ciberseguridad⚽ pic.twitter.com/MKGFTi4lIN
Como contramedidas, el acuerdo presentado, en un principio no vinculante, recoge «el impulso de acciones de sensibilización, campañas informativas, difusión de la Línea de Ayuda en Ciberseguridad 017 y colaboración técnica conjunta en proyectos de seguridad digital«, encajando en la estrategia nacional y europea de fortalecimiento y resiliencia del Instituto.
No obstante, el acuerdo bilateral ha sido tachado de incomprensible por gran parte de la comunidad tecnológica debido a que, como bien apunta RootedCON, la mayor comunidad de ciberseguridad en España, el INCIBE «no ha movido un dedo ante los bloqueos indiscriminados que ha provocado la LaLiga», a la que señalan, «de lejos y sin lugar a dudas, el elemento de mayor inestabilidad para los servicios tecnológicos» de España.
INCIBE firma con LaLiga para “luchar contra el odio online”… mientras seguimos viendo bloqueos indiscriminadosque cortan Internet a ciudadanos, medios y empresas. 🤯
— /RootedCON (@rootedcon) January 16, 2026
En RootedCON lo decimos claro: no colaboraremos con INCIBE mientras este acuerdo siga vigente.…
Sólo tres días después, el 17 de febrero, LaLiga, junto a Telefónica Audiovisual Digital (TAD), anunciaron que obligarían a las VPN ProtonVPN y NordVPN a someterse a los bloqueos de direcciones IP durante los partidos de futbol, pudiendo bloquear aquellas que LaLiga considere ilegítimas.
El anuncio llegó después de que la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Córdoba acordara medidas cautelares a raíz de una denuncia por parte de los demandantes, procedimiento judicial del que Proton y Nord no habían sido notificados, imposibilitándoles la oportunidad de defenderse.
🏴☠️ El Juzgado Mercantil de Córdoba nº1 concede a laLiga las medidas cautelares solicitadas contra NordVPN y ProtonVPN.
— GRADA B pro (@GradaBpro) February 17, 2026
Ambas compañías deben implementar de forma inmediata en sus sistemas internos las medidas oportunas para imposibilitar el acceso desde España a las direcciones… pic.twitter.com/sdnhqlViI5
Para mas inri, numerosas usuarios han investigado que la colaboración entre LaLiga e INCIBE parece venir desde mucho antes, involucrando el desarrollo y uso de una herramienta de monitoreo de redes sociales conocida como Sistema FARO (Filtrado y Análisis de Odio en las Redes Sociales).
Dicha herramienta, utilizada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sería una adaptación posterior de MOOD, una herramienta de análisis semántico propiedad de LaLiga presentada en 2023 y cedida al Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) en octubre de 2024.
En general, la pasividad complaciente de una de las principales organizaciones, que según RootedCON «debería estar en primera línea denunciando el abuso sobre los derechos digitales» y su colaboración con una entidad como LaLiga conocida por tener un historial muy conflictivo en derechos digitales, así como una supuesta conspiración detrás de la herramienta FARO, nos han hecho investigar si LaLiga e INCIBE realmente nos están espiando.
El sistema de 🔍 monitorización de redes sociales de Sánchez ya está en marcha. Utiliza tecnología de ⚽️ LaLiga.
— BandaAncha (@bandaanchaeu) February 8, 2026
➡️ Tiene un equipo dedicado de 8 personas
➡️ Entrenan y utilizan la IA para rastrear las plataformas en busca de mensajes de odio
👇https://t.co/1KREOTcaii
¿Qué son MOOD y el sistema FARO y como se vinculan con LaLiga?
MOOD (Monitor para la Observación del Odio en el Deporte) fue una herramienta presentada por LaLiga en 2023 y desarrollada por Séntisis Intelligence que monitoriza las conversaciones en las redes sobre el deporte en España.
Se trata de un sistema que araña redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X y que analiza el lenguaje utilizando un motor semántico con decenas de miles de reglas lingüísticas y algoritmos de IA, puntuando comentarios de odio del 0 al 10, clasificando emociones, temáticas (racismo, acoso, homofobia, xenofobia, etc.) y viralidad, por el número de participantes y por el volumen de debates generados.
📲 Seguimos monitorizando el odio en RRSS cada jornada gracias a MOOD, una de las iniciativas de LALIGA 🆚 Racismo.
— LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) March 5, 2024
❌ Como respuesta a los insultos en su perfil, el jugador del @valenciacf Peter Federico desactivó los comentarios en redes sociales.#LALIGAVSRACISMO pic.twitter.com/vRyksZ7QAV
Según una alianza posterior de LaLiga con el Observatorio Español de Racismo y Xenofobia (OBERAXE), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones del Gobierno, en marzo de 2024, MOOD evolucionó para convertirse en una herramienta gubernamental conocida como Monitor FARO, integrada junto a la herramienta Alertodio dentro del Sistema FARO, sistema que se dio a conocer entre septiembre de 2024 y marzo de 2025.
FARO combina algoritmos avanzados e inteligencia artificial con más de 100.000 reglas semánticas para filtrar información y clasificarla conforme a los criterios establecidos por OBERAXE. Su base es principalmente el análisis textual, aunque se prevé ampliar la identificación y el filtrado automatizado de imágenes, vídeos y audios.
El análisis de contenidos primero pasa por un análisis automatizado, ejecutado por el monitor FARO para posteriormente ser revisado por 6 monitorizadores coordinados por 2 analistas, permitiendo procesar cada día miles de mensajes en tiempo real mediante un modelo de clasificación con más de 100 categorías, destinándose parte de los resultados a reentrenar el sistema. En un principio, se desconocen las tasas de error, sesgos y naturaleza de las más de 100 categorías.
LaLiga, el elefante en la habitación
Lo primero que hay que hacer para entender por qué este acuerdo genera tanta alarma social es comprender que LaLiga no es un actor neutral en el ecosistema digital, ya que como ha demostrado a través de su agresiva estrategia de bloqueos de IP para combatir la piratería, el holding solo vela por sus beneficios y privilegios.
Como denuncia RootedCON, la impune campaña de LaLiga «provoca cortes indiscriminados en servicios de Internet, tanto impidiendo el acceso a ciudadanos al libre ejercicio de acceso a la libertad de información, como impidiendo a distintos negocios y proyectos digitales el libre ejercicio de su libertad de empresa«.
Según comentarios expresados en el pasado por Javier Tebas, presidente de LaLiga, se monitoriza el «ruido social» para decidir que bloqueos IP levantar o no, en un claro ejemplo de comportamiento déspota reflejado en casos como restar importancia al caso de una cristalería cuya página web no cargaba y a la que se le restó importancia porque solo entraban 100 personas al mes a ella.
#LaLigaGate continúa, esta vez, bloqueando la web de @madridsalud : https://t.co/qWuX9xVpeq
— internautas (@internautas) December 16, 2025
En general, el bloqueo por IP es, en esta situación y desde una perspectiva de la ingeniería y el derecho, una medida burda e indiscriminada que nos ha confirmado en repetidas ocasiones que quienes más tienen que perder son los usuarios y empresas más vulnerables, al haber afectado a servicios municipales como Madrid Salud, a medios de prensa y a innumerables sitios web que compartían rango de IP con servidores considerados infractores.
Falta de transparencia técnica
Si bien no existe una declaración oficial que clasifique este memorando como “secreto de Estado”, el texto íntegro y las cláusulas técnicas detalladas del acuerdo no están disponibles públicamente, saltando aún más las alarmas.»
De hecho, la Asociación de Internautas presentó el 17 de febrero una solicitud formal ante el Portal de Transparencia para acceder al contenido íntegro del memorando, después de constatar que LaLiga lo mantiene bajo opacidad, etiquetándolo como «confidencial» en su web.
La Asociacion de Internautas reclama a través del Portal de Transparencia conocer el acuerdo entre INCIBE y LaLiga https://t.co/PJ7RGgiFV2 via @LuisjaSanchez @LawAndTrends
— LawAndTrends💙💛 (@LawAndTrends) February 19, 2026
En un entorno de monitorización automatizada de contenido online, donde la detección de discurso de odio depende de criterios jurídicos y técnicos interpretables, y en el que la cooperación público-privada implica intercambio de información o metodologías de gran relevancia pública, la confidencialidad genera varios riesgos objetivos.
En primer lugar, genera un riesgo de ambigüedad operativa. Si no se publican anexos, no se conoce si existe intercambio estructurado de datos ni qué tipo de información se compartirá o los protocolos de actuación no se definen, desde un punto de vista de gobernanza digital, la falta de definición impide auditar y evaluar la proporcionalidad de los mecanismos. No sabemos si existe realmente o no un abuso, pero sí que sabemos que no puede verificarse.
En segundo lugar, es un riesgo de expansión funcional, ya que herramientas concebidas para un fin concreto pueden ampliar su uso a otros ámbitos no equivalentes, riesgo que deja de ser abstracto cuando se observa la evolución de MOOD, orientado a medir odio en el fútbol, hacia FARO, utilizado para monitorizar discurso político y social en un contexto gubernamental. Si el marco de cooperación no se delimita públicamente, lo que se define como lucha contra el odio puede ampliarse a categorías muy interpretativas.
🧐 ¿Por qué es confidencial es acuerdo entre el INCIBE y LaLiga?https://t.co/pjWy1WczES pic.twitter.com/M02Du8EhCH
— BandaAncha (@bandaanchaeu) February 8, 2026
El tercer riesgo es el debilitamiento de la confianza institucional. En ciberseguridad, la confianza pública es un activo estratégico, y cuando no se publican cláusulas completas, no consta una evaluación pública de impacto en derechos digitales y ni se ve ni se espera una auditoría independiente pública, se instala una percepción de opacidad que erosiona la legitimidad institucional, incluso si el acuerdo es legal o simplemente un ambiguo «pacto entre caballeros» como en este caso.
La lucha contra el odio no pasa por una arquitectura de vigilancia, si no por la separación de competencias
La lucha contra el odio online es legítima y está respaldada por normativa europea como el Digital Services Act. Pero desde un punto de vista técnico, la línea entre moderación, detección automatizada y vigilancia estructural puede volverse difusa si no hay límites claramente definidos.
Desde un punto de vista estrictamente técnico, los sistemas de clasificación de discurso son necesariamente imperfectos y su rendimiento depende del entrenamiento y los datos con los que se ajusta el modelo. La detección automatizada de contenido conlleva de forma inherente el riesgo de falsos positivos, especialmente en contextos ambiguos o de alta carga interpretativa como en los que operan.
Cuando una organización privada participa en estrategias gubernalmentales vinculadas con el monitoreo de comportamientos digitales, identificación de discursos e interacción con infraestructuras críticas digitales, es imprescindible garantizar separación clara de competencias, supervisión judicial cuando proceda y auditorías externas independientes.
¿LaLiga y el Gobierno nos están espiando?
Hasta la fecha, no tenemos una evidencia pública de que el Gobierno haya obtenido nuevas competencias para el monitoreo de redes sociales a raíz de este acuerdo. Tampoco se ha publicado normativa que amplíe facultades de vigilancia, ni se ha informado sobre la puesta en marcha de nuevos sistemas de rastreo masivo vinculados al memorando.
Lo que si sabemos es que el sistema FARO, basado en tecnología de LaLiga, ya está operativo desde hace más de un año, pero la confidencialidad del acuerdo con INCIBE nos impide conocer si existen nuevas conexiones técnicas u operativas entre ambas iniciativas si es que se llega a mencionar en ese acuerdo. Paralelamente, conocemos que fue a mediados de febrero de 2025 cuando comenzaron los bloqueos.
Por el momento, cualquier afirmación que sugiera la existencia de un gran sistema de vigilancia centralizado entre ambas entidades sería, por ahora, especulativa y carece de respaldo verificable, si bien ambas entidades han admitido compartir información desde un inicio.
No obstante, a nuestro medio le gustaría destacar que personas vinculadas al medio han sido investigados anteriormente por LaLiga en redes sociales por cargar contra los bloqueos en artículos publicados en el pasado.
Nota editorial: Araintel con la #LaLigaGate y el movimiento #CryptograFREE
La comunidad de Araintel apoya desde Aragón la idea de RootedCON de que la Constitución garantiza una serie de Derechos Fundamentales «que están siendo amenazados» y, de que si no se marcan límites claros a los poderes, «los perderemos por pasividad e inacción«, por lo que defiende totalmente el movimiento LaLigaGate y CryptograFREE.
Asimismo, apoya la idea de que «creemos que todo el sector tecnológico debería mostrar su indignación explícita y clara a este acuerdo de un Ministerio y una institución que claramente traicionan sus propósitos fundacionales».
Araintel considera que no se puede permitir que una entidad sea capaz de obrar libremente por encima de los intereses de la sociedad, atentando contra nuestras libertades y siendo capaz de censurar y bloquear las infraestructuras y servicios de todos y todas.
Por ello anima a compartir el hashtag #CryptograFREE entre compañeros de la comunidad o cualquier persona interesada para defender esos derechos que nos pertenecen.
